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Un refugiado sirio lleva a su hija dormida en Padborg, Dinamarca, después de que la policía danesa les encontrara cuando revisaban los documentos de identidad de los pasajeros de un tren que llega de Alemania © Photo by Sean Gallup/Getty Images

Y en Europa continúa el acoso a las personas refugiadas sirias

Más de doce millones de personas en Siria se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el inicio del conflicto en 2011, huyendo de situaciones insostenibles, de continuos bombardeos, desapariciones forzadas, violencia, hambre y enfermedad.

Aunque la mayoría de estos refugiados, por razones obvias, se han desplazado a los países limítrofes como Líbano, Turquía y Jordania; otros muchos han viajado en terribles condiciones, incluso pagando con la propia vida, hasta los países europeos.

Sin embargo, las propuestas desde la Unión Europa se han centrado más en las restricciones fronterizas y en dificultar la entrada de refugiados que en su protección y la garantía de sus derechos.

Amnistía Internacional considera que parte de la solución no es blindar Europa y dar la espalda a una crisis global de refugiados, sino más bien coordinar las políticas que permitan una entrada legal, ordenada y responsable de las personas que escapan de situaciones de horror.

Por el contrario, en muchos casos, las personas refugiadas que consiguen alcanzar Europa e intentar rehacer una vida devastada se encuentran con medidas políticas y policiales que siguen acosándoles, estigmatizándoles y vulnerando una vez más sus derechos más básicos.

Un refugiado sirio lleva a su hija dormida en Padborg, Dinamarca, después de que la policía danesa les encontrara cuando revisaban los documentos de identidad de los pasajeros de un tren que llega de Alemania © Photo by Sean Gallup/Getty Images

Un refugiado sirio lleva a su hija dormida en Padborg, Dinamarca, después de que la policía danesa les encontrara cuando revisaban los documentos de identidad de los pasajeros de un tren que llega de Alemania © Photo by Sean Gallup/Getty Images

Dinamarca, por ejemplo, firmante de la Convención de Ginebra, por el que cuando un país otorga asilo se compromete a proporcionar protección hasta que se produzca una solución duradera a su problema, ha aprobado medidas como la confiscación de los  bienes de las personas refugiadas, como si fueran amenazas; impedir que puedan vivir fuera de los centros de acogida o fijar un periodo de tres años como mínimo para solicitar el reagrupamiento familiar.

Estas y otras medidas, lejos de representar soluciones y de garantizar el bienestar y la seguridad de  personas muy vulnerables, suponen violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos del Niño.